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Espín: “El Gobierno de López Miras pretende ejercer una inexplicable censura sobre los libros de texto porque no coinciden con el rancio ideario de la ultraderecha”


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spín: “El Gobierno de López Miras pretende ejercer una inexplicable censura sobre los libros de texto porque no coinciden con el rancio ideario de la ultraderecha”

El diputado regional asegura que López Miras ha comprado a la ultraderecha el mensaje de que la escuela adoctrina, poniendo en tela de juicio la neutralidad y profesionalidad de los docentes, así como la capacidad de los centros para escoger los materiales escolares, en el ejercicio de su autonomía

“No hemos escuchado un discurso tan peligroso en el ámbito educativo desde hace décadas. Para el Gobierno regional, educar en la igualdad entre hombres y mujeres, en el respeto a la diversidad, en la memoria democrática o en la necesidad de modificar nuestros hábitos sociales para afrontar con éxito la emergencia climática, son cuestiones ideológicas

El diputado regional Antonio Espín ha denunciado que la consejera de Educación, con el consentimiento de López Miras, pretende ejercer una inexplicable censura sobre los libros de texto para tapar su absoluta incompetencia, simplemente, porque estos no coinciden con el ideario de la ultraderecha.

“Pese a reconocer que no hay ni una sola denuncia sobre adoctrinamiento en las aulas de la Región, Campuzano intenta instalar la falsa idea de que la escuela ideologiza al alumnado y que los docentes murcianos no ejercen su trabajo con neutralidad, objetividad e imparcialidad. Ya lo intentaron con el veto parental, pero les salió rana. La justicia les paró los pies, dejándoles claro que no se pueden censurar los principios constitucionales, ni la libertad de expresión y de cátedra”, ha señalado.

Espín ha criticado que señalar a los empleados públicos, poniendo en tela de juicio la profesionalidad de los docentes, sin pruebas ni antecedentes, es indecente y muy peligroso, ya que es el profesorado quien tiene la responsabilidad de elegir los libros de texto y los materiales para sus clases, no la consejera. 

“Atentar contra la autonomía de los centros que les concede la legislación educativa, ejerciendo una inaudita censura previa, supone una alteración de sus competencias difícilmente defendible”, ha añadido.

El diputado socialista ha lamentado que, para la consejera de extrema derecha, educar en la igualdad entre hombres y mujeres, en el respeto a la diversidad, en la memoria democrática o en la necesidad de modificar nuestros hábitos sociales para afrontar con éxito la emergencia climática, sean cuestiones ideológicas. 

“Y así lo considera, ni más ni menos, porque se alejan de sus rancios postulados. Pero, por mucho que le pese, no tiene capacidad para vetar estos contenidos en nuestros centros educativos, pues están recogidos en la Ley orgánica de Educación y basados en los valores constitucionales que sostienen nuestra democracia”, ha remarcado.

En este sentido, ha afirmado que lo que intenta el Gobierno de López Miras con estos mensajes envenenados es trasladar el debate educativo a cuestiones ya superadas hace décadas, con el objetivo de tapar su absoluta incompetencia. 

“La nefasta gestión de los sucesivos gobiernos del PP nos ha llevado a ser la comunidad con más colegios gueto, con menos becas de comedor escolar, con mayores ratios o con las tasas más altas de fracaso y abandono educativo temprano. Estos, y no los que ellos plantean, con el propósito de seguir confrontando con el Gobierno de España, son los grandes retos del sistema educativo murciano. Pero prefieren seguir con su huelga de brazos caídos, mientras utilizan la Educación para sus macabras guerras políticas”.

Finalmente, Espín ha exigido al Gobierno regional que abandone sudiscurso incendiario y estéril y cumpla con sus obligaciones, como agilizar la renovación de los manuales escolares para adaptarlos a los nuevos currículos que entran en vigor en septiembre y garantizar la gratuidad de libros para todo el alumnado de etapas obligatorias, tal como les mandata la Ley aprobada hace cuatro años en la Asamblea.

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