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La Guardia Civil concluye la operación CHANDOS con 63 personas investigadas por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Desarrollada en la comarca del Campo de Cartagena

La Guardia Civil concluye la operación CHANDOS con 63 personas investigadas por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha inspeccionado 67 fincas agrícolas y ha localizado y precintado 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares
Una de estas plantas se encontraba en un zulo subterráneo y otra era portátil para facilitar su transporte y ocultación
Se ha contado con la colaboración de agentes de la Confederación Hidrográfica del Segura
La investigación continúa abierta

Murcia, 11 de abril de 2019. La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación CHANDOS, ha desarrollado una investigación que forma parte de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, para determinar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor.

Recientemente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Benemérita ha culminado la operación con la inspección de 67 fincas agrícolas, en algunas de las cuales han sido localizadas y precintadas 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares.

Hasta el momento, 63 personas han resultado investigadas como presuntas autoras de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Durante dos años, especialistas del SEPRONA de la Guardia Civil han analizado distinta documentación, entre ella, la intervenida en una importante empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatismos, con sede en la comarca del Campo de Cartagena, que permitieron centrar la investigación en numerosas fincas agrícolas sospechosas de albergar desalobradoras y pozos de extracción de agua ilegales.

En la primera semana de este mes, con un amplío dispositivo policial, dirigido por el SEPRONA y compuesto por unidades terrestres y aéreas de la Guardia Civil, en colaboración con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, se inició la explotación de la operación con la inspección de numerosas fincas agrícolas sitas en la comarca del Campo de Cartagena.

Se han llevado a cabo un total de 67 inspecciones, fruto de las cuales han sido localizadas 38 plantas desalobradoras y 35 pozos de captación de aguas con diferentes irregularidades.

Nuevos modus operandi para ocultarlas

Entre las desalobradoras localizadas se han detectado dos casos singulares por el modo de ocultación empleado para evitar su detección. Algunas de ellas se encontraban instaladas en zulos construidos en el subsuelo y camuflados, y otra se encontraba en el remolque de un vehículo con el que, al parecer, era trasladada con ligereza hasta cualquier punto de la finca para utilizarlo en distintos pozos y, simultáneamente, facilitaba su ocultación en almacenes o garajes alejados de la zona cuando no se usaba.

En cuanto a los pozos de extracción de agua, cabe destacar que algunos de ellos habían sido dotados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, otros carecían del citado contador y varios carecían de la correspondiente autorización administrativa que acredita su legalidad.

Hasta el momento, la operación CHANDOS ha culminado con la instrucción de diligencias como investigadas a 63 personas como presuntas autoras de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La Guardia Civil ha precintado la maquinaria objeto de la investigación y, por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, se han obtenido muestras de agua para su posterior análisis.

La investigación sigue abierta.

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Los autores de  este tipo de hechos pueden incurrir en un delito, recogido en el vigente Código Penal, que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. En caso de que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales aumentan las cifras anteriores pudiendo  castigarse las conductas con una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

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