Siete propuestas de reforma para el Estatuto de Autonomía con 37 años de historia
SIETE PROPUESTAS DE REFORMA PARA UN ESTATUTO DE AUTONOMÍA CON 37 AÑOS DE HISTORIA
Cartagena, 9 de septiembre de 2019
Los diputados regionales Diego Conesa, Joaquín Segado y Juan José Molina subirán mañana a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para defender la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, a fin de eliminar los aforamientos de los parlamentarios autonómicos y de los miembros del Consejo de Gobierno.
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia es una Ley Orgánica, y como tal, sus reformas deben ser aprobadas por las Cortes Generales.
Desde su promulgación el 9 de junio de 1982 ha experimentado siete propuestas de modificación, de las que una fue rechazada en la propia Asamblea, cuatro obtuvieron el respaldo de las Cortes Generales, y dos se encuentran en el Congreso en plena tramitación.
La primera fue registrada en julio de 1989. Los trece diputados que integraban el Grupo Popular presentaron una proposición de reforma del Estatuto de Autonomía, para la ampliación de nuevas competencias, dentro de los límites establecidos en el artículo 149 de la Constitución.
La iniciativa no obtuvo el acuerdo de los restantes grupos parlamentarios por lo que fue rechazada por el Pleno de la Cámara en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 1989.
La segunda propuesta de reforma tenía como finalidad modificar el artículo 24.3 del Estatuto, a fin de fijar una fecha determinada, el cuarto domingo de mayo cada cuatro años, para la celebración de las elecciones autonómicas en coincidencia con los comicios europeos. Su defensa ante el Congreso de los Diputados corrió a cargo de los diputados regionales José Fernández López (PP); José Plana Plana (PSOE) y Angel Morenilla Moya, (UCD). Tras la correspondiente tramitación fue aprobada por las Cortes y promulgada el 13 de marzo de 1991.
La reforma de 1993 fue resultado del Pacto Autonómico
La tercera modificación, auspiciada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular, fue aprobada en la Asamblea el 25 de marzo de 1993, y tenía como objetivo ampliar el techo competencial de la Comunidad Autónoma de Murcia, mediante la asunción, desarrollo o gestión de 28 nuevas competencias de titularidad estatal.
Los ponentes designados en esta ocasión fueron Juan Ramón Calero Rodríguez, portavoz del Grupo Popular, y los diputados socialistas María Antonia Martínez y José Plana Plana. El debate de toma en consideración tuvo lugar el 16 de septiembre de 1993, y su aprobación definitiva el 2 de diciembre de ese mismo año, en un pleno del Congreso al que Plana asistió como presidente de la Asamblea Regional de Murcia.
Culminaba así el proceso iniciado a nivel nacional en febrero de 1992 con la firma del llamado Pacto Autonómico, que permitió abordar la ampliación del techo competencial de las comunidades que accedieron a la autonomía, en virtud del artículo 143 de la Constitución, desde el consenso de las principales fuerzas políticas.
La modificación de 1998 permitió aumentar la capacidad de autogobierno de la Región de Murcia y reforzar el papel del Parlamento regional
La reforma más importante sería, sin embargo, la aprobada por las Cortes Generales el 20 de mayo de 1998, no sólo por el alcance de la misma, sino por el valor añadido de haber sido consensuada por los tres grupos políticos con representación en la Asamblea Regional: Partido Popular, Partido Socialista y coalición de Izquierda Unida-Los Verdes.
Además de incorporar competencias claves como las de Educación y Sanidad, la reforma permitió profundizar en la capacidad de autogobierno y reforzar el funcionamiento y papel del Parlamento regional.
Su defensa ante el Congreso de los Diputados tuvo lugar el 11 de noviembre de 1997 y estuvo a cargo de Alberto Garre López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular; José Plana Plana, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y Joaquín Dólera López, portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Los Verdes.
La transformación de un sólo artículo para permitir al Gobierno legislar mediante decretos-leyes
La quinta reforma fue aprobada en la Asamblea el 24 de enero de 2013, con el único respaldo de los diputados Grupo Popular, y tenía como objetivo permitir al Gobierno regional legislar mediante decretos leyes en circunstancias excepcionales.
Juan Carlos Ruiz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, fue el encargado de defenderla en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2013. Su aprobación supuso la modificación de un sólo artículo, el número 30.
La sexta modificación del Estatuto es la que se defenderá mañana en el Congreso de los Diputados y persigue la eliminación de los aforamientos de los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno, mediante la modificación de los artículos 25.2 y 33.7.
Víctor Manuel Martínez Muñoz y Miguel Sánchez López, portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, junto con Joaquín López, viceportavoz del Grupo Socialista fueron los encargados de defenderla en el Congreso de los Diputados el 12 de septiembre de 2017. No obstante, la extinción de la XII Legislatura en las Cortes Generales obligó a retrotraer la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, que ha de ser defendida nuevamente en el Congreso para el pronunciamiento de la nueva Cámara.
La reforma más ambiciosa, pendiente del debate de toma en consideración en el Congreso
La séptima propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional de Murcia el 1 de abril de 2019. Los cuatro Grupos Parlamentarios, Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, lograron consensuar un nuevo texto estatutario, con modificaciones de alcance, que recogían y amparaban asuntos sobre los que había pivotado el debate político a lo largo de la legislatura, como la reforma de la Ley electoral, la eliminación de los aforamientos, la lucha contra la violencia de género, la igualdad entre hombres y mujeres, la transparencia, la apuesta por las energías renovables o la protección del Mar Menor.
La propuesta de reforma está pendiente del debate de toma en consideración en el Congreso de los Diputados.