Economia

UGT Región de Murcia, firma hoy del primer convenio colectivo regional de empresas colaboradoras en Gestión Tributaria



HOY SE HA FIRMADO EL PRIMER CONVENIO COLECTIVO REGIONAL DE EMPRESAS COLABORADORAS EN GESTIÓN TRIBUTARIA, QUE PERMITE LA ESTABILIDAD LABORAL DE MÁS DE 200 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Para UGT, la  firma de este convenio es un buen acuerdo que apuesta por trabajos estables con condiciones laborales y salariales dignas 

Hoy se ha firmado el primer convenio colectivo regional de empresas colaboradoras en gestión tributaria, que afecta a aquellas entidades que se encargan de la gestión de tributos municipales y regionales. En la Región de Murcia este convenio afectará a más de 200 trabajadores y trabajadoras que prestan este servicio externalizado  en la Administración Regional, en el Ayuntamiento de Murcia y en otros municipios.

El convenio suscrito hoy, ha sido firmado por UGT y USO y los representantes de las distintas empresas en la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral (OMAL).

Para UGT la firma de este convenio es un paso más para mejorar la estabilidad, los salarios dignos y el sostenimiento de las plantillas de estas contratas de la Administración Pública, y contiene acuerdos que garantizan unas condiciones laborales y de prestación de servicios dignas. Entre los puntos más destacados del Convenio Colectivo suscrito hoy, destaca la obligación de subrogación y conservación de las condiciones laborales y salariales de las plantillas de trabajadores cuando una nueva empresa acceda a gestionar el servicio, lo que permite la estabilidad en el empleo y un trabajo digno.

Otra de las cualidades del nuevo convenio es el aumento salarial respecto al convenio a nivel nacional, así como la aplicación de planes de Igualdad en el seno de estas empresas adjudicatarias.

El convenio, cuya vigencia será de tres años, refleja condiciones y garantías para evitar bajas temerarias en los presupuestos para acceder a la licitación del servicio, entre otras garantías, que respetan lo dictado por la ley de Contratos del Sector Público, vigente en nuestro país desde marzo de 2018. 




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